No
me gusta que cierren televisiones. Ni periódicos, ni emisoras de radio. Y mucho
menos cuando son públicas. Claro, soy periodista, y eso servirá para que
algunos justifiquen mi disgusto.
Allá
ellos. La realidad es que la desaparición de un medio de comunicación público
además de afectar a nuestra calidad democrática (por los suelos últimamente,
cierto) causa un perjuicio en la sociedad, difícil de cuantificar, pero de
extrema gravedad.
Es
verdad, que desgraciadamente y con excepciones, en este país los medios de
comunicación públicos son y han sido la voz del amo político de turno, con
ejemplos lamentables y vergonzosos no solo para los profesionales, sino para
cualquier ciudadano medianamente ilustrado y ajeno al sectarismo.
Pero
no es menos cierto que un medio de comunicación público es una garantía para
los ciudadanos y para el propio sistema (o debería serlo) de un acceso
universal a la información, de transparencia informativa, pluralidad y libertad
de expresión, entre otras.
Y
por supuesto, es constatable que lo fallido ha sido la gestión y no la
condición pública del medio de comunicación. Básicamente, porque como en otros
ámbitos de la administración no existen mecanismos de control eficaces.
La
televisión de la Comunidad autónoma valenciana, Canal 9, no es (perdón, era) en
esencia diferente a la de otras comunidades autónomas. Lo que convierte su
cierre en un precedente peligroso, al servicio una vez más de los gestores
políticos, y en una amenaza para los trabajadores de los medios de comunicación
públicos; y también para los ciudadanos, proclives a confundir la función de
entretenimiento de cualquier televisión con otros aspectos menos tangibles pero
fundamentales como la información y el servicio público.
La
opción nunca puede ser el cierre, salvo motivos espurios achacados a la
situación económica, que curiosamente no impele a la toma de medidas en otros
ámbitos de la administración (Y me voy a ahorrar a partes iguales la ventaja y
la demagogia de recurrir a referencias sobre lo mercado de manera ilegal en ese
territorio por gobernantes y adláteres).
¿Era
necesaria una reducción de gastos? Indudablemente ¿Era recomendable una
reducción de personal? Probablemente ¿Era imprescindible un plan de viabilidad?
Indiscutiblemente.
En
Valencia no se han contentado con matar al mensajero. Por el mismo precio han
acabado con el medio y con el mensaje.
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