El 'televicidio'

No me gusta que cierren televisiones. Ni periódicos, ni emisoras de radio. Y mucho menos cuando son públicas. Claro, soy periodista, y eso servirá para que algunos justifiquen mi disgusto.

Allá ellos. La realidad es que la desaparición de un medio de comunicación público además de afectar a nuestra calidad democrática (por los suelos últimamente, cierto) causa un perjuicio en la sociedad, difícil de cuantificar, pero de extrema gravedad.

Es verdad, que desgraciadamente y con excepciones, en este país los medios de comunicación públicos son y han sido la voz del amo político de turno, con ejemplos lamentables y vergonzosos no solo para los profesionales, sino para cualquier ciudadano medianamente ilustrado y ajeno al sectarismo.

Pero no es menos cierto que un medio de comunicación público es una garantía para los ciudadanos y para el propio sistema (o debería serlo) de un acceso universal a la información, de transparencia informativa, pluralidad y libertad de expresión, entre otras.

Y por supuesto, es constatable que lo fallido ha sido la gestión y no la condición pública del medio de comunicación. Básicamente, porque como en otros ámbitos de la administración no existen mecanismos de control eficaces.

La televisión de la Comunidad autónoma valenciana, Canal 9, no es (perdón, era) en esencia diferente a la de otras comunidades autónomas. Lo que convierte su cierre en un precedente peligroso, al servicio una vez más de los gestores políticos, y en una amenaza para los trabajadores de los medios de comunicación públicos; y también para los ciudadanos, proclives a confundir la función de entretenimiento de cualquier televisión con otros aspectos menos tangibles pero fundamentales como la información y el servicio público.

La opción nunca puede ser el cierre, salvo motivos espurios achacados a la situación económica, que curiosamente no impele a la toma de medidas en otros ámbitos de la administración (Y me voy a ahorrar a partes iguales la ventaja y la demagogia de recurrir a referencias sobre lo mercado de manera ilegal en ese territorio por gobernantes y adláteres).

¿Era necesaria una reducción de gastos? Indudablemente ¿Era recomendable una reducción de personal? Probablemente ¿Era imprescindible un plan de viabilidad? Indiscutiblemente.

En Valencia no se han contentado con matar al mensajero. Por el mismo precio han acabado con el medio y con el mensaje.

Resaca electoral

Esto es la democracia. Nuestra imperfecta democracia. En la que participan más votantes que demócratas. Y en la que cada uno es responsable, o debiera serlo, de su voto, en blanco o a cualquier opción política, o de su abstención.
No ha mucho éramos un país sociológicamente de izquierdas y ahora somos un país asustado, en el que el miedo y la incertidumbre nos vuelven conservadores. Aquello que creíamos nos pertenecía por derecho y la propia Constitución amparaba como el laboro, la vivienda… se convirtió de pronto en privilegio. Y un mal trabajo o una mala vivienda son mejor que nada. Aceptamos la “jibarización” de derechos y oportunidades y renunciamos a valores esenciales. Nos volvimos egoístas. De manera que difuminamos el pasado, perdimos el presente e hipotecamos el futuro.
Llegados a este punto y tras las Elecciones Municipales y Autonómicas (en algunos territorios) de ayer, hay quien descubre que sólo le gusta la democracia si ganan los “suyos” y hay quien demuestra que no sólo no es responsable de su voto, sino que además carece de criterio y de rigor y le da igual que gobiernen unos u otros. Y sin embargo, las encuestas esta vez acertaron y no ha habido lugar para la sorpresa. Salvo excepciones, el voto se ha emitido en clave de política nacional, relegando al olvido el municipalismo y en menor medida, las autonomías.
En las urnas se ha castigado la mala gestión de la crisis del partido en el gobierno de España, las medidas adoptadas por imperativo de los mercados, el incremento del desempleo y su renuncia a su ideología y sus señas de identidad. Y se ha premiado al principal partido de la oposición, obviando su deslealtad con el gobierno, y por tanto con los españoles, en la solución o el intento de solución de la crisis, su opacidad sobre las medidas (como mínimo tan impopulares y gravosas en materia económica y de empleo para los trabajadores como las aplicadas por el actual gobierno) que adoptará si gobierna tras las próximas Elecciones Generales y su apuesta por el desmantelamiento de los servicios públicos y el recorte en políticas y derechos sociales. Y lo más terrible y nauseabundo, es que se ha amparado electoralmente, no jurídicamente (conviene no olvidarlo), la corrupción y se ha respaldado con el voto la presencia de presuntos corruptos en las instituciones (Valencia, Castellón, Alicante o Alhaurín de la Torre.Y Córdoba). Además, hemos asistido al triunfo electoral de Bildu, gracias entre otros al impagable respaldo de la campaña de comunicación de la extrema derecha y sus medios de comunicación afines, con el ex ministro Mayor Oreja al frente. Premio y castigo han sido excesivos para los méritos y deméritos contraídos por unos y otros.
¿Y ahora qué? Ahora en pueblos y regiones toca esperar los recuentos electorales y los posibles pactos allá donde la aritmética lo permite y las coincidencias ideológicas lo aconsejan y logren imponerse a los antagonismos personales. En el ámbito estatal, la derecha seguirá emitiendo los cantos de sirena del adelanto electoral, como si de verdad tuviera soluciones para la crisis más allá del “modelo Cameron”; aunque la estabilidad y el futuro del actual gobierno dependen, una vez más, de los partidos nacionalistas; y la izquierda tendrá que volver a pisar la calle, escuchar a los ciudadanos y elegir entre el gobierno de las personas y los dictados de los mercados.
Ayer los ciudadanos hablamos en las urnas. Para placer de muchos y disgusto de no pocos. Lo bueno es que en democracia los aciertos y los errores de los gobernantes no han de prolongarse más de cuatro años. Salvo que los ciudadanos decidamos lo contrario.