Manzanas podridas

En otro tiempo cuando había una manzana podrida en un barril o en un cesto la mano del hombre se limitaba a extraerla y apartarla de las manzanas sanas para evitar que la podredumbre afectara al resto de las manzanas depositadas en ese recipiente.
Hoy los esfuerzos se dedican a mantener mezcladas manzanas podridas y sanas con la finalidad de que no puedan ser distinguidas unas de otras. De modo que todo el barril o el cesto se ven afectados por la podredumbre, sin importar la madera o los mimbres con que ambos habían sido elaborados y por supuesto, la contaminación al resto de los frutos.
Hay barriles y cestos por los que nos tengo más interés que el profesional, pero el grado de podredumbre de las manzanas en ellos depositadas no es ajeno, ni indiferente a mi condición de ciudadano. Máxime cuando se empeñan en ofrecernos e incitarnos a morder algunas de esas manzanas como si no estuvieran podridas o tratando de convencernos de la igualdad o similitud con otros recipientes.
Se usa y abusa de las estrategias del calamar o del ventilador para nublar vista y mente, con el único objetivo de que olvidemos la excelencia de la manzana sana y no nos percatemos de que la podredumbre no sólo está en barriles y cestos, sino en el mismo árbol. Y los árboles enfermos pueden ser tratados y curados, pero la putrefacción de algunos es de tal magnitud, que la única opción es la tala.
Que nadie se engañe, hoy la ingesta de manzanas no implica la expulsión del Paraíso o caer en un sueño profundo a la espera del beso despertador de un príncipe azul. Pero no está de más mantenerse alerta porque hoy en día serpientes y madrastras se disfrazan de políticos, sacerdotes y jueces. Y veneno y podredumbre van de la mano. O en el mismo cesto.

Insultos y descalificaciones

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que no hace honor a su nombre, se queja a imagen de plañidera de una a mi juicio inexistente campaña de insultos y descalificaciones contra los jueces y la Justicia por la disparatada condena del juez Ricardo Rodríguez contra el director de la Cadena SER, Daniel Anido, y su redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, que como se recordará contempla cárcel, inhabilitación profesional y pago de multa e indemnización.
Hay numerosos profesionales que necesitan de la palabra y de conocimientos sobre ella para ejercer su labor, entre ellos los jueces, y también como no los periodistas, por eso me resulta un poco pueril tener que recordarle al fiscal general del Estado la riqueza de la lengua española y la extensa lista de sustantivos y adjetivos que habilita para insultar y descalificar, incluso al amparo de la libertad de expresión. Del mismo modo, lamento tener que recordarle al fiscal general del Estado que en ocasiones como la que nos ocupa es innecesario el insulto o la descalificación ajena, porque las propias actuaciones constituyen en sí insulto y descalificación.
Es difícil entender que el fiscal general del Estado pueda vislumbrar insulto y descalificación donde no hay más que crítica a una actuación puntual de un juez (ni siquiera se cuestiona su trayectoria o actuaciones anteriores) que es una mala praxis profesional y que por elevación traslade esa crítica a la labor de un juez y a la propia Fiscalía General del Estado a los jueces y a la Justicia, porque buscando el agravio corporativo y la generalización igual se consigue involucrar a una profesión y a un estamento que no han sido cuestionados o vilipendiados y de la que muchos de sus integrantes, a título personal y asociativo, se han manifestado respecto a la conocida condena contra estos dos periodistas por hacer bien su trabajo, con rigor y veracidad.
Según Conde-Pumpido, "en un estado de derecho cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial lo procedente es presentar el recurso correspondiente y no, digamos, iniciar una campaña de insulto y de descalificaciones del juez y de la Justicia sino impugnar la resolución con argumentos jurídicos" (http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/fiscal-estado-queja-campana-insultos-descalificaciones-justicia/serpro/20100115csrcsrsoc_1/Tes).
Conde-Pumpido debe ignorar o no se da por enterado de que los dos periodistas condenados han presentado recurso ante tamaño disparate de condena. Pero también debe haber olvidado que en un estado de derecho se presupone que los garantes de las libertades, y vuelvo a recordar que la de expresión y de información son pilares de ese estado de derecho, están obligados a garantizar esas libertades.
Me siento agredido y ofendido cuando se sobreestima mi grado de necedad, como ciudadano y como periodista, por esa condena, esbozo de una mordaza al ejercicio de la profesión periodística, y porque el estado de derecho que concibo es aquel en el que se garantizan las libertades básicas del mismo. Por ello desearía un sistema democrático en mi país que permitiese una mayor participación de la sociedad y una elección de los representantes de instituciones como la Fiscalía General del Estado al margen de “simpatías” políticas, donde primase la valía profesional del designado y no esa “simpatía”. De esta forma es posible que el elegido no olvidase que su negocio es la Justicia y no la política.
A mi no preocupa que me llamen necio, lo que me preocuparía y me descalificaría sería comportarme como tal.

Fundamentalistas

Un periodista a la hora de elaborar una noticia debe distinguir entre información y opinión, para realizar bien su trabajo. Si tuviera que escribir una noticia sobre el aborto o sobre el anteproyecto de la nueva ley del aborto debería ceñirse a la información: explicar los principales aspectos de la ley, las diferencias con la anterior, destacar su carácter novedoso si no existiera alguna ley anterior, reseñar a sus defensores, a sus detractores y a quienes la ley les causa indiferencia, situarla en el marco jurídico de países cercanos por proximidad geográfica, política…, y como es obvio omitir su opinión sobre la misma, es decir no manifestar su rechazo, su respaldo o su indiferencia.
En el caso de tener que elaborar una columna de opinión, el asunto cambia. En este espacio, aún con la inclusión de datos meramente informativos, el periodista puede expresar su rechazo, su respaldo o indiferencia hacia esta ley e incluso, sería aconsejable, argumentarlo. Actuando así, el periodista además de ejercer el derecho de informar, con una buena praxis, estaría garantizando el derecho a la información; en ambos cumpliendo con su obligación y con las exigencias de su profesión.
Entiendo que esto es extrapolable a cualquier profesión u oficio y a las personas que los ejercen. Por eso me llama la atención la actuación y actitud de algunos de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque pienso que cuando a estos jueces se les demanda un dictamen jurídico sobre el anteproyecto de ley del aborto o sobre cualquier otro asunto de su competencia, éste debe sustentarse en fundamentos jurídicos y no en convicciones personales.
De lo contrario, nos exponemos a una inviable legislación a la carta, que también debería prever los posibles cambios en las convicciones o creencias de los ciudadanos; y lo que a mi juicio es peor, a imposiciones de corte fundamentalista alejadas de criterios profesionales; porque si en un dictamen profesional tiene más peso la creencia que la ciencia para qué necesitamos los órganos profesionales y sus dictámenes.