Cazadores de hormigas

No llevan ropa al uso del cazador, pero se les distingue con relativa facilidad. Pantalón corto, mirada de curiosidad y afán de descubrir cosas nuevas y como armas, a lo sumo, un pequeño palo en una mano y las suelas de los zapatos prestas para aplastar a las codiciadas piezas.
Corretean ojo avizor para hallar un pequeño agujero en la tierra: el hormiguero, la casa de las hormigas. Y una vez descubierto, son implacables. Desde lejos, al contemplarlos, parece algo inocente, pero es la crueldad en estado puro.
Emplean de forma desproporcionada su fuerza, practicando el matonismo con unos pequeños bichos que ni siquiera tienen opción de defensa; violentan su casa con el palito, que también sirve para aplastar a alguna hormiga que en ese momento pasaba por ahí y no dudan en pisotearlas como si pudieran exterminarlas. Y además hacen gala de su hazaña, exhibiendo una generosa sonrisa.
Algunos de ellos cuando crecen cambian el pantalón corto por uno largo, una mirada endiablada sustituye a la de la curiosidad y lejos de querer descubrir cosas nuevas son partidarios de finiquitar algunas de las ya conocidas. Ya no van armados con un pequeño palo, ahora se arman con las leyes y el voto de los ciudadanos. De modo que abandonan la cacería de hormigas para convertirse en cazadores de hombres.
Y sus piezas pasan de ser anónimas hormigas a personas con nombres y apellidos: Daniel Anido, Rodolfo Irago, Baltasar Garzón y ahora, Carlos Berzosa, el rector de la Universidad Complutense de Madrid.
Desesperanza Aguirre (la denominación no es mía, su autoría corresponde al periodista Ramón Lobo) se ha sumado a esa ‘campaña de limpieza’ iniciada por Manos Limpias, Falange Española o el juez Rodríguez y ha señalado a Berzosa como la nueva pieza a cobrar. Pero como hay hombres y mujeres en este país que no son hormigas, aunque algunos tiendan a pisotearlos e intentar exterminarlos, han tirado de la palabra para respaldar al rector Berzosa y de la recogida de firmas para apoyarle (http://www.ucm.es/pags.php?tp=&a=servicios&d=firmas.php).
En la práctica, este respaldo será tan ineficaz como la defensa de las hormigas ante el palito o las suelas de los zapatos de sus cazadores, pero al menos servirá para que Carlos Berzosa, igual que Garzón, Anido e Irago, sepa que no está sólo frente a los abusos del poder y para que alguien tome nota de que hay diferencias entre las hormigas y las personas, pese a que prefieran a los borregos.

Una cacería

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) informa sobre el fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto a los recursos presentados por el ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, contra la absolución del delito de injurias a dos periodistas de El Mundo de Andalucía, su director, Francisco Rosell, y su redactor jefe, Javier Caraballo.
El juzgado Penal 3 de Sevilla absolvió en su día a Rosell y a Caraballo porque entendía que pese a no haber demostrado los hechos publicados en 2001 sobre el entonces presidente andaluz, “no es exigible en la noticia una absoluta certeza o acomodación de la verdad, sino sólo una actuación diligente”, que estos periodistas habrían cumplido al tratarse de “hechos de relevancia pública”.
Esta absolución provocó los correspondientes recursos que ahora han sido rechazados por la citada Audiencia Provincial, que recoge en su fallo que ambos periodistas en la elaboración de la información habían “contrastado con la suficiente diligencia para cumplir con el canon constitucional de veracidad”.
A pesar de ser casos diferentes, al conocer este fallo no he podido evitar pensar en la condena del juez Ricardo Rodríguez al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, y en la actuación de la Fiscalía General del Estado. Porque resulta evidente que Anido e Irago no sólo cumplieron con el “canon constitucional de veracidad” y habían “contrastado con la suficiente diligencia” sino que además desvelaban “hechos de relevancia pública”.
Dado que no se cuestiona la veracidad, el rigor y la relevancia de la información elaborada por Anido e Irago y conociendo el fallo del juzgado Penal 3 de Sevilla y de la propia Audiencia Provincial sevillana no es peregrino deducir que dicha condena y actuaciones posteriores se alejan de la idea de justicia, al menos de lo que colectivamente entendemos por justicia, y adquieren un curioso parecido a una cacería, donde la verdad y el rigor profesional se desprecian, y cuyas piezas a abatir son los dos periodistas de la Cadena SER y por extensión, los ciudadanos y su derecho a la información.
La periodista Sol Gallego-Díaz nos lo recuerda: “La decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso presentado por los periodistas de la Cadena SER…es de enorme importancia porque no se trata de fijar qué tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qué tienen derecho a saber los ciudadanos” (“Hay que contar más cosas”, El País, 17 de enero de 2010).

Insultos y descalificaciones

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que no hace honor a su nombre, se queja a imagen de plañidera de una a mi juicio inexistente campaña de insultos y descalificaciones contra los jueces y la Justicia por la disparatada condena del juez Ricardo Rodríguez contra el director de la Cadena SER, Daniel Anido, y su redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, que como se recordará contempla cárcel, inhabilitación profesional y pago de multa e indemnización.
Hay numerosos profesionales que necesitan de la palabra y de conocimientos sobre ella para ejercer su labor, entre ellos los jueces, y también como no los periodistas, por eso me resulta un poco pueril tener que recordarle al fiscal general del Estado la riqueza de la lengua española y la extensa lista de sustantivos y adjetivos que habilita para insultar y descalificar, incluso al amparo de la libertad de expresión. Del mismo modo, lamento tener que recordarle al fiscal general del Estado que en ocasiones como la que nos ocupa es innecesario el insulto o la descalificación ajena, porque las propias actuaciones constituyen en sí insulto y descalificación.
Es difícil entender que el fiscal general del Estado pueda vislumbrar insulto y descalificación donde no hay más que crítica a una actuación puntual de un juez (ni siquiera se cuestiona su trayectoria o actuaciones anteriores) que es una mala praxis profesional y que por elevación traslade esa crítica a la labor de un juez y a la propia Fiscalía General del Estado a los jueces y a la Justicia, porque buscando el agravio corporativo y la generalización igual se consigue involucrar a una profesión y a un estamento que no han sido cuestionados o vilipendiados y de la que muchos de sus integrantes, a título personal y asociativo, se han manifestado respecto a la conocida condena contra estos dos periodistas por hacer bien su trabajo, con rigor y veracidad.
Según Conde-Pumpido, "en un estado de derecho cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial lo procedente es presentar el recurso correspondiente y no, digamos, iniciar una campaña de insulto y de descalificaciones del juez y de la Justicia sino impugnar la resolución con argumentos jurídicos" (http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/fiscal-estado-queja-campana-insultos-descalificaciones-justicia/serpro/20100115csrcsrsoc_1/Tes).
Conde-Pumpido debe ignorar o no se da por enterado de que los dos periodistas condenados han presentado recurso ante tamaño disparate de condena. Pero también debe haber olvidado que en un estado de derecho se presupone que los garantes de las libertades, y vuelvo a recordar que la de expresión y de información son pilares de ese estado de derecho, están obligados a garantizar esas libertades.
Me siento agredido y ofendido cuando se sobreestima mi grado de necedad, como ciudadano y como periodista, por esa condena, esbozo de una mordaza al ejercicio de la profesión periodística, y porque el estado de derecho que concibo es aquel en el que se garantizan las libertades básicas del mismo. Por ello desearía un sistema democrático en mi país que permitiese una mayor participación de la sociedad y una elección de los representantes de instituciones como la Fiscalía General del Estado al margen de “simpatías” políticas, donde primase la valía profesional del designado y no esa “simpatía”. De esta forma es posible que el elegido no olvidase que su negocio es la Justicia y no la política.
A mi no preocupa que me llamen necio, lo que me preocuparía y me descalificaría sería comportarme como tal.

El mundo al revés

El fin de semana nos deja la muerte del corresponsal británico, Rupert Hamer, del Sunday Mirror, en Afganistán, junto a un marine estadounidense y a un soldado afgano. En la colisión de un vehículo militar con una pequeña bomba casera también resultó heridoal fotógrafo británico, Philip Coburn, compañero del periodista muerto.
En algunos lugares del mundo los periodistas siguen exponiendo sus vidas para ejercer su profesión. En España, hoy un periodista no expone su vida por ejercer su profesión, pero está expuesto a numerosos riesgos que dan a su trabajo un plus de peligrosidad no deseado y que le sitúa en el escaparate de la actualidad cuando su deseo es permanecer en la trastienda.
Como ya es conocido, un juez, Ricardo Rodríguez, ha decidido que dos periodistas de la Cadena SER, su director, Daniel Anido, y su redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, abandonen la trastienda y ocupen un lugar en el escaparate que ningún periodista desea.
Ahora, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que no hace honor a su nombre, se suma al disparate perpetrado por el juez y avala la petición de penas de cárcel para Anido e Irago de la Fiscalía de Madrid. Una petición que supongo encontrará magnánima al ser sólo de 5 meses y no de 1 año y 9 meses como la condena del citado juez.
Uno entiende que el fiscal general del Estado es o debe ser garante de libertades y que dentro de éstas se incluyen las de expresión y de información. Del mismo modo que aún siendo profano en leyes, entiendo que si numerosos juristas han avalado en este caso que prevalezca el derecho a la información sobre otros derechos, resulta cuando menos sorprendente que la Fiscalía General del Estado deseche esos argumentos jurídicos y no haya conminado a la Fiscalía de Madrid a retirar su acusación y por tanto, su petición de cárcel para Anido e Irago. Y por tanto, respalde la persecución contra dos profesionales que han realizado su trabajo de forma correcta, con rigor y veracidad.
Si no fuera porque en el caso de Anido e Irago la condena implica cárcel e inhabilitación profesional podría contemplarse como una broma, ya que se condena a quien investiga la presunta red de corrupción en la Comunidad de Madrid, que entre otras cuestiones supuso en el año 2003 la repetición de unas Elecciones Autonómicas y el cambio de Gobierno por los tránsfugas Tamayo y Sáez, porque quien debería hacerlo o no lo hace o lo hace mal a la vista de los resultados.
El mundo al revés, se convierte la información en delito y al periodista en delincuente y prima la laxitud y una sensación de permisividad con el corrupto y el ladrón; en especial, si es un político. El aviso a navegantes ya es una amenaza y la mordaza se asemeja a un bozal.

El esbozo de la mordaza

Me vienen a la cabeza un montón de sustantivos y adjetivos; a la vez que noto como se agolpan diversos sentimientos en mi interior, algunos lo reconozco poco o nada edificantes, respecto al juez Ricardo Rodríguez y su sentencia y condena a cárcel, inhabilitación profesional y multa y pago de indemnización, al director de la SER, Daniel Anido, y al redactor jefe de informativos, Rodolfo Irago.
Es una mala noticia, pese a que las voces de algunos juristas ya avisan sobre lo disparatado e inadecuado de esta sentencia. Y es una mala noticia no sólo para la profesión periodística, si no para el resto de la sociedad y para el propio sistema democrático.
Para el ejercicio de la profesión periodística es un aviso a navegantes. El esbozo de la mordaza (ni siquiera es el primero, sólo hay que recordar el caso del periodista Antonio del Río, del diario El Mundo, y temo que tampoco es el último). No se juzga, sentencia y condena por una mala praxis, se juzga, sentencia y condena por el canal a través del cual se difunde la noticia. El juez Rodríguez hace una interpretación peculiar de Internet; abierta al debate. Pero lo que no es objeto de debate son las ediciones digitales de los medios de comunicación, porque las ediciones digitales, las ediciones en papel y las ediciones por ondas son medios de comunicación en sí mismas.
Cadenaser.com es un medio de comunicación social; con independencia de que Internet, el papel o las ondas como tales no lo sean. De igual manera que Internet puede ser el kiosco de prensa, el dial de radio o los canales de televisión. Soportes o distribuidos universales, que albergan medios de comunicación social.
No voy a poner en duda la labor de los jueces, que en la mayoría de los casos realizan bien su labor; en ocasiones con escasez de recursos humanos y económicos. Pero sí la de aquellos jueces que no hacen bien su trabajo o lo efectúan de forma dudosa y cuyas actuaciones y sentencias (ignoro sí por afán de protagonismo, intereses espurios o por presunta prevaricación) ocupan espacios en los medios de comunicación, que nos llaman la atención más que la labor bien hecha de la mayoría de los jueces, y que nos invitan erróneamente a generalizar.
Tampoco voy a extenderme en la importancia de los medios de comunicación en los sistemas de libertades, como garantes de esos sistemas, por archisabida; pero sí, en los periodistas. Esos periodistas que hace algún tiempo perdieron la guerra contra las empresas de comunicación (una lucha desigual) y ahora apenas protagonizan alguna escaramuza contra esas empresas y contra el deterioro de su imagen ante la sociedad.
La profesión periodística deja que se cometa con ella el mismo error que con los jueces, agravado además porque se permite la identificación como periodista a quienes no lo son y ocupan espacios de privilegio en los medios de comunicación; en particular en las emisoras de televisión. Sin que juez alguno condene a cárcel o inhabilitación profesional a estos personajes, pese a su mala praxis y su incapacidad y carencia profesionales. Y con el frecuente silencio de las organizaciones profesionales, cada vez más alejadas de la defensa de los intereses de los periodistas, tanto profesionales como laborales.
La paradoja de la condena del juez Rodríguez es que afecta a quien informa con rigor y veracidad, mientras no existen sentencias y condenas iguales o similares contra quienes desinforman, desde la falta de rigor y veracidad, y además con asiduidad.
El derecho a la información no es sacrosanto. Sus límites son claros, aunque un periodista siempre se exponga a rebasarlos por impericia, por ambición o por el valor de la información. En el caso de Anido e Irago, según señalan algunos juristas, el valor de la información debería haber sido suficiente para que el juez Rodríguez diera preponderancia al derecho a la información frente al derecho a la intimidad de los afectados (militantes del PP en Villaviciosa de Odón) y denunciantes. No ha sido así, y aunque hay esperanza en que el recurso de los condenados en primera instancia prospere, el daño ya está hecho. La amenaza está encima de la mesa y las damnificadas, junto a Anido e Irago, son la libertad de expresión y de información.
A un periodista una condena le duele, pero una inhabilitación, le mata. Más cuando como en este caso ambas son injustas e inadecuadas.