viernes, 2 de marzo de 2012

Falta de público

La desaparición de un medio de comunicación, con independencia de su línea editorial, siempre es una mala noticia en una sociedad democrática. No sólo por lo que supone de incremento de las listas del desempleo con los profesionales que trabajaban en ese medio, sino por lo que implica de pérdida de pluralidad informativa y en algunos casos, de ausencia de altavoces para las minorías.
El cierre de la edición en papel de diario Público no es una excepción, y en su caso corrobora esa pérdida de pluralidad informativa y evidencia el desequilibrio existente en España entre medios de comunicación con una línea editorial progresista y aquellos que mantienen una apuesta conservadora; en particular, en prensa y televisión.
Las fusiones de las televisiones privadas (Cuatro y Tele 5, La Sexta y Antena 3) constatan en la práctica la absorción de canales de orientación progresista como Cuatro y La Sexta por otros, Tele 5 y Antena 3, inclinados hacia posiciones más conservadoras. Y si se amplía el espectro a la TDT, la influencia y afluencia de medios conservadores y de extrema derecha son demoledoras, en especial tras la desaparición de CNN+ y la más que probable reconversión de la televisión pública que deja en suspenso el futuro del canal 24 horas y que ya está dando muestras de la injerencia del gobierno del PP en su línea y contenidos informativos.
Si miramos a la prensa, la situación no es mejor. La desaparición de Público supone que sólo El País se mantenga aparentemente como una publicación periódica generalista de tirada nacional de ámbito progresista, frente a publicaciones conservadoras como ABC, La Razón o El Mundo o extremas como La Gaceta.
Este desequilibrio y la consiguiente pérdida de pluralidad informativa además de mostrar con nitidez la involución que estamos viviendo en distintos órdenes, constatan la disminución de garantías para los ciudadanos en su derecho a ser informados verazmente. Un derecho que debía estar salvaguardado por los poderes públicos a través de los medios de comunicación públicos, pero que, con la excepción de RTVE (Televisión Española y Radio Nacional de España) durante la etapa de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, carece de salvaguarda porque esos medios públicos en lugar de estar al servicio de los ciudadanos actúan como correa de transmisión de los partidos que sustentan los gobiernos de turno, ya sean estatal o autonómicos.

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