Las recientes declaraciones del conde de Salvatierra, de la noble y mundana Casa de Alba, sobre las carencias emprendedoras de los andaluces, en un programa de la cadena de televisión La Sexta, el 11 de diciembre de 2011 (¡ah, la televisión y sus 3 minutos de gloria!), evidencian que no sólo importa lo que se dice, sino cómo se dice y quién lo dice. Y ponen de manifiesto, una vez más, como se enreda, pese a matices o rectificaciones posteriores, desde sectores muy concretos respecto a Andalucía y el subsidio agrario y el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), denominado posteriormente Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA) y en la actualidad, Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA).
Cualquier crítica no es ajena a una parte de verdad o a una percepción de la verdad. Pero no basta con cuantificar el porcentaje de esa verdad, que sustenta o invalida una crítica, sino que hay que establecer la intención de esa crítica. No está, ni puede estar, sujeta a crítica la incuestionable necesidad de dar el pez; al margen de la importancia de dar también la caña de pescar o la red y enseñar su manejo.
El PROFEA permite combinar peonadas en el campo con trabajos para los ayuntamientos, con el fin de alcanzar un número determinado de jornales que garantiza cobrar el subsidio agrario durante los meses en que no hay trabajo en el campo. Es decir, un instrumento que actúa en aspectos intangibles, como la dignidad y la autoestima, y en otros tangibles, como los demográficos y los socioeconómicos.
Por ejemplo, en Jaén, una provincia agrícola, principal productora mundial de aceite de oliva, en el periodo 2004-2011 se crearon 2 millones de jornales con cargo a los sucesivos planes de empleo rural, con una inversión de unos 200 millones de euros, que incluía el subsidio de desempleo, la generación de empleo y garantía de rentas o la equiparación del Régimen Especial al General de la Seguridad Social; inferior a la de otros sectores como textil, astilleros o minería, que requieren una inversión superior y beneficia a menos trabajadores¹.
Mientras, hay propietarios como la Casa de Alba, que se incluye en el grupo del 1’5 por ciento de los perceptores de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que reciben el 29 por ciento de esos fondos. La ayuda media en Andalucía es de 4.600 euros y el importe máximo de la misma, de 3,6 millones de euros. Y además se da la circunstancia de que la Casa de Alba con 25.000 hectáreas emplea a 250 trabajadores, mientras que municipios como el sevillano de Marinaleda emplea a 300 con 1.200 hectáreas².
En los últimos tiempos, las críticas y ofensas a Andalucía y a sus gentes se han producido de forma sistemática, predominando el interés de quien vertía la crítica sobre el rigor y la veracidad de la misma. La lista es extensa y todo indica que las “apreciaciones” del conde no serán las últimas; a ellas se suman las ya conocidas de Joan Puigcercós, de Ezquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), “en Andalucía no paga impuestos ni Dios” (pronunciadas en un mitin en La Seu d’Urgell, Lleida, en noviembre de 2010); Josep Antoni Dura i Lleida, de Convergencia i Unió (CiU), “en otros sitios de España reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo” (expresadas en el Consell Nacional de CiU en Barcelona, en octubre de 2011); Artur Mas, president de La Generalitat de Catalunya y militante de CiU, “Estos niños y niñas…y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, etcétera, porque allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende”(emitidas en el debate de política general del Parlament de Catalunya, en septiembre de 2011); Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular (PP), “'han hecho lo que creen que debe hacer un Gobierno, que es utilizar el dinero de los contribuyentes para hacer 'pitas, pitas, pitas'. La gente del campo ya sabe a lo que me refiero”, declaraciones en Telemadrid, en marzo de 2010; Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, también del PP, "El otro día nos llamó un amigo (diciendo) que están en venta por 50 euros los (ordenadores) de la Junta de Andalucía en el mercadillo de Málaga" (manifestado en el Parlamento regional de Madrid, en noviembre de 2010); Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, “en Andalucía se ha visto a escolares en los suelos” (en una entrevista emitida por Radio Nacional de España (RNE), en octubre de 2011); y “los niños andaluces son prácticamente analfabetos” (en una entrevista en Punto Radio, en marzo de 2008); Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, "El PER es un sistema en que se fomenta la vagancia” (en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, en junio de 2010).
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Cualquier crítica no es ajena a una parte de verdad o a una percepción de la verdad. Pero no basta con cuantificar el porcentaje de esa verdad, que sustenta o invalida una crítica, sino que hay que establecer la intención de esa crítica. No está, ni puede estar, sujeta a crítica la incuestionable necesidad de dar el pez; al margen de la importancia de dar también la caña de pescar o la red y enseñar su manejo.
El PROFEA permite combinar peonadas en el campo con trabajos para los ayuntamientos, con el fin de alcanzar un número determinado de jornales que garantiza cobrar el subsidio agrario durante los meses en que no hay trabajo en el campo. Es decir, un instrumento que actúa en aspectos intangibles, como la dignidad y la autoestima, y en otros tangibles, como los demográficos y los socioeconómicos.
Por ejemplo, en Jaén, una provincia agrícola, principal productora mundial de aceite de oliva, en el periodo 2004-2011 se crearon 2 millones de jornales con cargo a los sucesivos planes de empleo rural, con una inversión de unos 200 millones de euros, que incluía el subsidio de desempleo, la generación de empleo y garantía de rentas o la equiparación del Régimen Especial al General de la Seguridad Social; inferior a la de otros sectores como textil, astilleros o minería, que requieren una inversión superior y beneficia a menos trabajadores¹.
Mientras, hay propietarios como la Casa de Alba, que se incluye en el grupo del 1’5 por ciento de los perceptores de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que reciben el 29 por ciento de esos fondos. La ayuda media en Andalucía es de 4.600 euros y el importe máximo de la misma, de 3,6 millones de euros. Y además se da la circunstancia de que la Casa de Alba con 25.000 hectáreas emplea a 250 trabajadores, mientras que municipios como el sevillano de Marinaleda emplea a 300 con 1.200 hectáreas².
En los últimos tiempos, las críticas y ofensas a Andalucía y a sus gentes se han producido de forma sistemática, predominando el interés de quien vertía la crítica sobre el rigor y la veracidad de la misma. La lista es extensa y todo indica que las “apreciaciones” del conde no serán las últimas; a ellas se suman las ya conocidas de Joan Puigcercós, de Ezquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), “en Andalucía no paga impuestos ni Dios” (pronunciadas en un mitin en La Seu d’Urgell, Lleida, en noviembre de 2010); Josep Antoni Dura i Lleida, de Convergencia i Unió (CiU), “en otros sitios de España reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo” (expresadas en el Consell Nacional de CiU en Barcelona, en octubre de 2011); Artur Mas, president de La Generalitat de Catalunya y militante de CiU, “Estos niños y niñas…y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, etcétera, porque allí hablan el castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende”(emitidas en el debate de política general del Parlament de Catalunya, en septiembre de 2011); Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular (PP), “'han hecho lo que creen que debe hacer un Gobierno, que es utilizar el dinero de los contribuyentes para hacer 'pitas, pitas, pitas'. La gente del campo ya sabe a lo que me refiero”, declaraciones en Telemadrid, en marzo de 2010; Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, también del PP, "El otro día nos llamó un amigo (diciendo) que están en venta por 50 euros los (ordenadores) de la Junta de Andalucía en el mercadillo de Málaga" (manifestado en el Parlamento regional de Madrid, en noviembre de 2010); Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, “en Andalucía se ha visto a escolares en los suelos” (en una entrevista emitida por Radio Nacional de España (RNE), en octubre de 2011); y “los niños andaluces son prácticamente analfabetos” (en una entrevista en Punto Radio, en marzo de 2008); Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, "El PER es un sistema en que se fomenta la vagancia” (en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, en junio de 2010).
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