El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) informa sobre el fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto a los recursos presentados por el ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, contra la absolución del delito de injurias a dos periodistas de El Mundo de Andalucía, su director, Francisco Rosell, y su redactor jefe, Javier Caraballo.
El juzgado Penal 3 de Sevilla absolvió en su día a Rosell y a Caraballo porque entendía que pese a no haber demostrado los hechos publicados en 2001 sobre el entonces presidente andaluz, “no es exigible en la noticia una absoluta certeza o acomodación de la verdad, sino sólo una actuación diligente”, que estos periodistas habrían cumplido al tratarse de “hechos de relevancia pública”.
Esta absolución provocó los correspondientes recursos que ahora han sido rechazados por la citada Audiencia Provincial, que recoge en su fallo que ambos periodistas en la elaboración de la información habían “contrastado con la suficiente diligencia para cumplir con el canon constitucional de veracidad”.
A pesar de ser casos diferentes, al conocer este fallo no he podido evitar pensar en la condena del juez Ricardo Rodríguez al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, y en la actuación de la Fiscalía General del Estado. Porque resulta evidente que Anido e Irago no sólo cumplieron con el “canon constitucional de veracidad” y habían “contrastado con la suficiente diligencia” sino que además desvelaban “hechos de relevancia pública”.
Dado que no se cuestiona la veracidad, el rigor y la relevancia de la información elaborada por Anido e Irago y conociendo el fallo del juzgado Penal 3 de Sevilla y de la propia Audiencia Provincial sevillana no es peregrino deducir que dicha condena y actuaciones posteriores se alejan de la idea de justicia, al menos de lo que colectivamente entendemos por justicia, y adquieren un curioso parecido a una cacería, donde la verdad y el rigor profesional se desprecian, y cuyas piezas a abatir son los dos periodistas de la Cadena SER y por extensión, los ciudadanos y su derecho a la información.
La periodista Sol Gallego-Díaz nos lo recuerda: “La decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso presentado por los periodistas de la Cadena SER…es de enorme importancia porque no se trata de fijar qué tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qué tienen derecho a saber los ciudadanos” (“Hay que contar más cosas”, El País, 17 de enero de 2010).
El juzgado Penal 3 de Sevilla absolvió en su día a Rosell y a Caraballo porque entendía que pese a no haber demostrado los hechos publicados en 2001 sobre el entonces presidente andaluz, “no es exigible en la noticia una absoluta certeza o acomodación de la verdad, sino sólo una actuación diligente”, que estos periodistas habrían cumplido al tratarse de “hechos de relevancia pública”.
Esta absolución provocó los correspondientes recursos que ahora han sido rechazados por la citada Audiencia Provincial, que recoge en su fallo que ambos periodistas en la elaboración de la información habían “contrastado con la suficiente diligencia para cumplir con el canon constitucional de veracidad”.
A pesar de ser casos diferentes, al conocer este fallo no he podido evitar pensar en la condena del juez Ricardo Rodríguez al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, y en la actuación de la Fiscalía General del Estado. Porque resulta evidente que Anido e Irago no sólo cumplieron con el “canon constitucional de veracidad” y habían “contrastado con la suficiente diligencia” sino que además desvelaban “hechos de relevancia pública”.
Dado que no se cuestiona la veracidad, el rigor y la relevancia de la información elaborada por Anido e Irago y conociendo el fallo del juzgado Penal 3 de Sevilla y de la propia Audiencia Provincial sevillana no es peregrino deducir que dicha condena y actuaciones posteriores se alejan de la idea de justicia, al menos de lo que colectivamente entendemos por justicia, y adquieren un curioso parecido a una cacería, donde la verdad y el rigor profesional se desprecian, y cuyas piezas a abatir son los dos periodistas de la Cadena SER y por extensión, los ciudadanos y su derecho a la información.
La periodista Sol Gallego-Díaz nos lo recuerda: “La decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso presentado por los periodistas de la Cadena SER…es de enorme importancia porque no se trata de fijar qué tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qué tienen derecho a saber los ciudadanos” (“Hay que contar más cosas”, El País, 17 de enero de 2010).
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