El mundo al revés

El fin de semana nos deja la muerte del corresponsal británico, Rupert Hamer, del Sunday Mirror, en Afganistán, junto a un marine estadounidense y a un soldado afgano. En la colisión de un vehículo militar con una pequeña bomba casera también resultó heridoal fotógrafo británico, Philip Coburn, compañero del periodista muerto.
En algunos lugares del mundo los periodistas siguen exponiendo sus vidas para ejercer su profesión. En España, hoy un periodista no expone su vida por ejercer su profesión, pero está expuesto a numerosos riesgos que dan a su trabajo un plus de peligrosidad no deseado y que le sitúa en el escaparate de la actualidad cuando su deseo es permanecer en la trastienda.
Como ya es conocido, un juez, Ricardo Rodríguez, ha decidido que dos periodistas de la Cadena SER, su director, Daniel Anido, y su redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, abandonen la trastienda y ocupen un lugar en el escaparate que ningún periodista desea.
Ahora, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que no hace honor a su nombre, se suma al disparate perpetrado por el juez y avala la petición de penas de cárcel para Anido e Irago de la Fiscalía de Madrid. Una petición que supongo encontrará magnánima al ser sólo de 5 meses y no de 1 año y 9 meses como la condena del citado juez.
Uno entiende que el fiscal general del Estado es o debe ser garante de libertades y que dentro de éstas se incluyen las de expresión y de información. Del mismo modo que aún siendo profano en leyes, entiendo que si numerosos juristas han avalado en este caso que prevalezca el derecho a la información sobre otros derechos, resulta cuando menos sorprendente que la Fiscalía General del Estado deseche esos argumentos jurídicos y no haya conminado a la Fiscalía de Madrid a retirar su acusación y por tanto, su petición de cárcel para Anido e Irago. Y por tanto, respalde la persecución contra dos profesionales que han realizado su trabajo de forma correcta, con rigor y veracidad.
Si no fuera porque en el caso de Anido e Irago la condena implica cárcel e inhabilitación profesional podría contemplarse como una broma, ya que se condena a quien investiga la presunta red de corrupción en la Comunidad de Madrid, que entre otras cuestiones supuso en el año 2003 la repetición de unas Elecciones Autonómicas y el cambio de Gobierno por los tránsfugas Tamayo y Sáez, porque quien debería hacerlo o no lo hace o lo hace mal a la vista de los resultados.
El mundo al revés, se convierte la información en delito y al periodista en delincuente y prima la laxitud y una sensación de permisividad con el corrupto y el ladrón; en especial, si es un político. El aviso a navegantes ya es una amenaza y la mordaza se asemeja a un bozal.