El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que no hace honor a su nombre, se queja a imagen de plañidera de una a mi juicio inexistente campaña de insultos y descalificaciones contra los jueces y la Justicia por la disparatada condena del juez Ricardo Rodríguez contra el director de la Cadena SER, Daniel Anido, y su redactor jefe de Informativos, Rodolfo Irago, que como se recordará contempla cárcel, inhabilitación profesional y pago de multa e indemnización.
Hay numerosos profesionales que necesitan de la palabra y de conocimientos sobre ella para ejercer su labor, entre ellos los jueces, y también como no los periodistas, por eso me resulta un poco pueril tener que recordarle al fiscal general del Estado la riqueza de la lengua española y la extensa lista de sustantivos y adjetivos que habilita para insultar y descalificar, incluso al amparo de la libertad de expresión. Del mismo modo, lamento tener que recordarle al fiscal general del Estado que en ocasiones como la que nos ocupa es innecesario el insulto o la descalificación ajena, porque las propias actuaciones constituyen en sí insulto y descalificación.
Es difícil entender que el fiscal general del Estado pueda vislumbrar insulto y descalificación donde no hay más que crítica a una actuación puntual de un juez (ni siquiera se cuestiona su trayectoria o actuaciones anteriores) que es una mala praxis profesional y que por elevación traslade esa crítica a la labor de un juez y a la propia Fiscalía General del Estado a los jueces y a la Justicia, porque buscando el agravio corporativo y la generalización igual se consigue involucrar a una profesión y a un estamento que no han sido cuestionados o vilipendiados y de la que muchos de sus integrantes, a título personal y asociativo, se han manifestado respecto a la conocida condena contra estos dos periodistas por hacer bien su trabajo, con rigor y veracidad.
Según Conde-Pumpido, "en un estado de derecho cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial lo procedente es presentar el recurso correspondiente y no, digamos, iniciar una campaña de insulto y de descalificaciones del juez y de la Justicia sino impugnar la resolución con argumentos jurídicos" (http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/fiscal-estado-queja-campana-insultos-descalificaciones-justicia/serpro/20100115csrcsrsoc_1/Tes).
Conde-Pumpido debe ignorar o no se da por enterado de que los dos periodistas condenados han presentado recurso ante tamaño disparate de condena. Pero también debe haber olvidado que en un estado de derecho se presupone que los garantes de las libertades, y vuelvo a recordar que la de expresión y de información son pilares de ese estado de derecho, están obligados a garantizar esas libertades.
Me siento agredido y ofendido cuando se sobreestima mi grado de necedad, como ciudadano y como periodista, por esa condena, esbozo de una mordaza al ejercicio de la profesión periodística, y porque el estado de derecho que concibo es aquel en el que se garantizan las libertades básicas del mismo. Por ello desearía un sistema democrático en mi país que permitiese una mayor participación de la sociedad y una elección de los representantes de instituciones como la Fiscalía General del Estado al margen de “simpatías” políticas, donde primase la valía profesional del designado y no esa “simpatía”. De esta forma es posible que el elegido no olvidase que su negocio es la Justicia y no la política.
A mi no preocupa que me llamen necio, lo que me preocuparía y me descalificaría sería comportarme como tal.
Hay numerosos profesionales que necesitan de la palabra y de conocimientos sobre ella para ejercer su labor, entre ellos los jueces, y también como no los periodistas, por eso me resulta un poco pueril tener que recordarle al fiscal general del Estado la riqueza de la lengua española y la extensa lista de sustantivos y adjetivos que habilita para insultar y descalificar, incluso al amparo de la libertad de expresión. Del mismo modo, lamento tener que recordarle al fiscal general del Estado que en ocasiones como la que nos ocupa es innecesario el insulto o la descalificación ajena, porque las propias actuaciones constituyen en sí insulto y descalificación.
Es difícil entender que el fiscal general del Estado pueda vislumbrar insulto y descalificación donde no hay más que crítica a una actuación puntual de un juez (ni siquiera se cuestiona su trayectoria o actuaciones anteriores) que es una mala praxis profesional y que por elevación traslade esa crítica a la labor de un juez y a la propia Fiscalía General del Estado a los jueces y a la Justicia, porque buscando el agravio corporativo y la generalización igual se consigue involucrar a una profesión y a un estamento que no han sido cuestionados o vilipendiados y de la que muchos de sus integrantes, a título personal y asociativo, se han manifestado respecto a la conocida condena contra estos dos periodistas por hacer bien su trabajo, con rigor y veracidad.
Según Conde-Pumpido, "en un estado de derecho cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial lo procedente es presentar el recurso correspondiente y no, digamos, iniciar una campaña de insulto y de descalificaciones del juez y de la Justicia sino impugnar la resolución con argumentos jurídicos" (http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/fiscal-estado-queja-campana-insultos-descalificaciones-justicia/serpro/20100115csrcsrsoc_1/Tes).
Conde-Pumpido debe ignorar o no se da por enterado de que los dos periodistas condenados han presentado recurso ante tamaño disparate de condena. Pero también debe haber olvidado que en un estado de derecho se presupone que los garantes de las libertades, y vuelvo a recordar que la de expresión y de información son pilares de ese estado de derecho, están obligados a garantizar esas libertades.
Me siento agredido y ofendido cuando se sobreestima mi grado de necedad, como ciudadano y como periodista, por esa condena, esbozo de una mordaza al ejercicio de la profesión periodística, y porque el estado de derecho que concibo es aquel en el que se garantizan las libertades básicas del mismo. Por ello desearía un sistema democrático en mi país que permitiese una mayor participación de la sociedad y una elección de los representantes de instituciones como la Fiscalía General del Estado al margen de “simpatías” políticas, donde primase la valía profesional del designado y no esa “simpatía”. De esta forma es posible que el elegido no olvidase que su negocio es la Justicia y no la política.
A mi no preocupa que me llamen necio, lo que me preocuparía y me descalificaría sería comportarme como tal.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario