El esbozo de la mordaza

Me vienen a la cabeza un montón de sustantivos y adjetivos; a la vez que noto como se agolpan diversos sentimientos en mi interior, algunos lo reconozco poco o nada edificantes, respecto al juez Ricardo Rodríguez y su sentencia y condena a cárcel, inhabilitación profesional y multa y pago de indemnización, al director de la SER, Daniel Anido, y al redactor jefe de informativos, Rodolfo Irago.
Es una mala noticia, pese a que las voces de algunos juristas ya avisan sobre lo disparatado e inadecuado de esta sentencia. Y es una mala noticia no sólo para la profesión periodística, si no para el resto de la sociedad y para el propio sistema democrático.
Para el ejercicio de la profesión periodística es un aviso a navegantes. El esbozo de la mordaza (ni siquiera es el primero, sólo hay que recordar el caso del periodista Antonio del Río, del diario El Mundo, y temo que tampoco es el último). No se juzga, sentencia y condena por una mala praxis, se juzga, sentencia y condena por el canal a través del cual se difunde la noticia. El juez Rodríguez hace una interpretación peculiar de Internet; abierta al debate. Pero lo que no es objeto de debate son las ediciones digitales de los medios de comunicación, porque las ediciones digitales, las ediciones en papel y las ediciones por ondas son medios de comunicación en sí mismas.
Cadenaser.com es un medio de comunicación social; con independencia de que Internet, el papel o las ondas como tales no lo sean. De igual manera que Internet puede ser el kiosco de prensa, el dial de radio o los canales de televisión. Soportes o distribuidos universales, que albergan medios de comunicación social.
No voy a poner en duda la labor de los jueces, que en la mayoría de los casos realizan bien su labor; en ocasiones con escasez de recursos humanos y económicos. Pero sí la de aquellos jueces que no hacen bien su trabajo o lo efectúan de forma dudosa y cuyas actuaciones y sentencias (ignoro sí por afán de protagonismo, intereses espurios o por presunta prevaricación) ocupan espacios en los medios de comunicación, que nos llaman la atención más que la labor bien hecha de la mayoría de los jueces, y que nos invitan erróneamente a generalizar.
Tampoco voy a extenderme en la importancia de los medios de comunicación en los sistemas de libertades, como garantes de esos sistemas, por archisabida; pero sí, en los periodistas. Esos periodistas que hace algún tiempo perdieron la guerra contra las empresas de comunicación (una lucha desigual) y ahora apenas protagonizan alguna escaramuza contra esas empresas y contra el deterioro de su imagen ante la sociedad.
La profesión periodística deja que se cometa con ella el mismo error que con los jueces, agravado además porque se permite la identificación como periodista a quienes no lo son y ocupan espacios de privilegio en los medios de comunicación; en particular en las emisoras de televisión. Sin que juez alguno condene a cárcel o inhabilitación profesional a estos personajes, pese a su mala praxis y su incapacidad y carencia profesionales. Y con el frecuente silencio de las organizaciones profesionales, cada vez más alejadas de la defensa de los intereses de los periodistas, tanto profesionales como laborales.
La paradoja de la condena del juez Rodríguez es que afecta a quien informa con rigor y veracidad, mientras no existen sentencias y condenas iguales o similares contra quienes desinforman, desde la falta de rigor y veracidad, y además con asiduidad.
El derecho a la información no es sacrosanto. Sus límites son claros, aunque un periodista siempre se exponga a rebasarlos por impericia, por ambición o por el valor de la información. En el caso de Anido e Irago, según señalan algunos juristas, el valor de la información debería haber sido suficiente para que el juez Rodríguez diera preponderancia al derecho a la información frente al derecho a la intimidad de los afectados (militantes del PP en Villaviciosa de Odón) y denunciantes. No ha sido así, y aunque hay esperanza en que el recurso de los condenados en primera instancia prospere, el daño ya está hecho. La amenaza está encima de la mesa y las damnificadas, junto a Anido e Irago, son la libertad de expresión y de información.
A un periodista una condena le duele, pero una inhabilitación, le mata. Más cuando como en este caso ambas son injustas e inadecuadas.